Los documentos presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, y por Human Rights Watch (HRW), en Los desaparecidos de México; el persistente costo de una crisis ignorada, tienen en común ser dos informes que avalan (a pesar de la realidad que pinta la retórica de la denominada clase política, cómplices y esbirros mediáticos) un Estado de Derecho existente sólo para una parte de la sociedad en México.

  El primer informe, el de la ASF, da cuenta puntual de la enorme perversión del que han sido objetos los dineros públicos, particularmente durante el año antepasado, el penúltimo de Felipe Calderón. Así, por una parte, la administración calderonista realizó devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes, en el orden de 13 % de la recaudación anual total, equivalente a 283 mil millones de pesos (mp), con claras afectaciones a las finanzas del país (véase K. Avilés, E. Méndez y R. Garduño, La Jornada, 21/02/2013). Por otra parte, la misma administración efectuó pagos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por un monto de 5 661.7 mp, dinero dirigido a maestros comisionados (es decir, que no dan clase, sino que se encuentran realizando otras actividades, en el mejor de los casos), docentes de escuelas inexistentes y otros que no fueron localizados en su lugar de trabajo, que podrían no existir (ídem). Además, la construcción de la “Estela de Luz”, fue uno de los rubros fiscalizados más escandalosos, pues significó un incremento injustificado de 218.9 mp (lo presupuestado) a más de 393 mp (los resultados de la fiscalización por órganos y dependencias gubernamentales puede verse en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/ Auditorias.htm).

   Pero no sólo fueron áreas ligadas al Ejecutivo federal, pues en el mismo periodo la Cámara de Diputados dispuso de cerca de 1 mp para comprar corbatas de seda, vinos y licores, despensas, arreglos florales, carpetas de piel y dulces árabes; grupos parlamentarios recibieron un reembolso que ascendió a casi 1.3 mp por banquetes y comidas; tampoco justificaron fehacientemente la disposición de 641 mp por parte de los diputados en apoyos para la asistencia legislativa, atención ciudadana, fondo para el retiro y apoyo para sus distritos, entre otros rubros (R. Gómez, El Universal, 22/02/2013).

   En cuanto al segundo informe, el de HRW, la organización internacional documenta alrededor de 250 desapariciones forzadas cometidas durante el calderonato; en 149 de ellas fueron encontradas pruebas que demuestran contundentemente la participación del Ejército, la Armada y cuerpos policiacos, en casi ninguno de los casos mencionados las víctimas aparecieron ni los responsables fueron llevados ante la justicia (F. Camacho y F. Martínez, La Jornada, 21/02/2013). Cabe destacar que lo anterior sólo hace referencia a los casos que la organización ha documentado, y que representan el 0.9 % del total de casos de desapariciones en el país reconocidas por Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos  y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que ascienden a 27 523 casos (véase nota en aristeguinoticias.com, aparecida el 21/02/2013). Aunque Jonathan Pardiñas presenta cifras que en términos técnicos podrían matizar el informe con la intención de desacreditarlo, donde argumenta que 30 casos de los 149 no están documentados (video disponible en milenio.com), incluso así estaríamos hablando de al menos 119 casos en que efectivamente participaron el Ejército, la Marina o cuerpos policíacos (ya sean federales, estatales y municipales).

  Por más acertada, aritméticamente hablando, que pudiera ser la conclusión de Pardiñas (en el supuesto de que fueran 119 y no 149), debería recordar que no estamos hablando de números abstractos, sino de personas que por una u otra razón fueron desaparecidas, y su tendencia a minimizar el asunto no cabe en ningún tipo de ética respetable. Incluso si fuera 1 persona desaparecida, no es coherente con un Estado de Derecho, donde se presume gobernados y gobernantes se someten al dominio de la ley y que todos estamos protegidos por las instituciones. Así, en cuanto a los desaparecidos (donde las autoridades están involucradas de forma activa o pasiva) el Estado de Derecho es una ilusión, como lo es para la mayoría de los que carecemos de dinero o influencias políticas, como bien lo saben lo mineros y los familiares de ellos en Pasta de Conchos. Para los otros, que si cumplen con estos requisitos, el actual arreglo jurídico resulta conveniente (aunque podría mejorar), porque todo se puede justificar, aun de forma legaloide; para estos hay devolución de impuestos, dinero a raudales, sobrepagos, sedas, flores, ayudas para cumplir su trabajo e impunidad (para dejarlos sólo en eso), porque para eso se deja a guardaespaldas en puestos importantes (Lozano y Cordero).

  Así que ya sabe: si usted quiere salir de esa vida de porquería que lleva, métase de político, póngase a lavar dinero con una compañía fantasma o vuélvase banquero, que a fin de cuentas, quien va a pagar los paltos rotos no será usted.

Cartón: “No que no”, de Fisgón (22/02/2013).