Aunque el lenguaje que había manejado el gobierno de facto de Enrique Peña Nieto intentaba un alejamiento de aquél que marcó a la no menos espuria administración de Felipe Calderón, en cuanto a la relación con la potencia del norte parecen no haber diferencias, se mantiene la subordinación a los intereses de Washington, entre otros.
El miércoles 6 de febrero trascendió en los medios nacionales que el gobierno de Estados Unidos había dado “el visto bueno” a la designación del general Salvador Cienfuegos Zepeda y del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz como titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina Armada de México (SEMAR), respectivamente (ver nota de J. Aranda, La Jornada, 06/02/2013). La revelación fue hecha por el rotativo estadounidense New York Times, incluso se señalaba que la administración de Obama había presionado para vetar al general Moisés García Ochoa al frente de la SEDENA (por presuntos vínculos con cárteles mexicanos); estas afirmaciones fueron hechas por personal de ambas secretarías, aunque ya han salido al quite del atlacomulquense algunos de sus paleros (J. López-Dóriga, Milenio, 08/02/2013).
La intromisión de Estados Unidos en asuntos que atañen por completo y exclusivamente a los mexicanos significa las amplias facultades que ha adquirido aquél país en el proceso de toma de decisiones, en detrimento de la soberanía de la nación. Significa, así mismo, la dimisión de las obligaciones del Estado mexicano y su sometimiento a uno extranjero. Esto valdría, como ya se ha dicho en otra ocasión respecto al caso de Felipe Calderón, el enjuiciamiento político de Peña Nieto y aquella parte de los asistentes gerenciales (autodenominados políticos), que tuvieran responsabilidad en ello.
Las prerrogativas que Washington cree poseer sobre las decisiones que se toman en nuestro país no sólo obedecen a los antecedentes de ceñirse a la Iniciativa Mérida y los recursos económicos que ella dispendia, a los dictados que emite mediante los programas de ajuste estructural (a través de organismo como el FMI, el BM y BID, acreedores de México). No. Proviene también del apuntalamiento diplomático que la administración de Obama dio a Enrique Peña Nieto, pues fue uno de los primeros que le dio su reconocimiento como presidente electo, aun cuando la autoridad electoral no decidía sobre dichos comicios.
El veto sobre el general García Ochoa por probables prácticas corruptas, no se debería a la coherencia gubernamental estadounidense, ni a su autoridad moral (¡ni lo mande Dios!), sino al incremento en los costos de obtención de narcóticos que significaría –para aquel país– tener a una autoridad mexicana de alto mando sacando tajada del pingüe negocio yanqui. De la mano va, también, el estrechamiento del circulo (empresarial, político, militar y financiero) beneficiado con el narcotráfico –que seguramente debe estar presionando a la Casa Blanca–, sobre todo ahora que comienza la despenalización de algunas sustancia.
Todo lo anterior cobra particular importancia en el contexto de la tan anunciada “reforma energética”, pues es de esperarse entonces el alargamiento de los brazos de “El tío Sam” en las decisiones en este rubro, toda vez que desde hace años se han reconocido los recursos petroleros mexicanos de importancia estratégica y, por lo tanto, asunto de “seguridad nacional” para el vecino del norte (véase por ejemplo J. Saxe-Fernández, La Jornada, 12/01/2012). El interés de Estados Unidos en PEMEX quedó también evidenciado en el “Proyecto Truman de Seguridad”, donde se afirma que Peña tiene el suficiente apoyo legislativo para modificar el artículo 27 constitucional y permitir la inversión privada en la paraestatal (citado por J. Saxe-Fernández, La Jornada 24/01/2013). Dicho artículo y sus implicaciones tendrían la característica de acelerar la explosiva situación social que impera en todo el país, lo que se sumaría a las desaprobación dentro de las fuerzas armadas –específicamente del titular de la SEDENA– de continuar con la misma estrategia de seguridad del sexenio anterior, la cual ha “desgastado” al Ejército Mexicano, pues carece de preparación para esa y otras tareas (E. Méndez y R. Garduño, La Jornada, 08/02/2013). Esta posibilidad –de seguir la línea de la administración pasada– surge no sólo de la actuación que en ese sentido ha mantenido en sus primeros meses el gobierno federal de facto, sino de las declaraciones de Peña Nieto, según las cuales el ejército debe mantenerse en las calles hasta que la situación de seguridad mejore –a ver para cuando–, y que a fechas recientes ha insistido en que se debe “aplastar” el crimen organizado (entrevista hecha por J. Glüslig, semanario Der Spiegel, traducción al español de G. Fonseca, en La Jornada, 07/02/2013).
En el tenor de las alertas sociales que se multiplican en el país, las organizaciones de autodefensa que han surgido en el estado de Guerrero revelan que muchas
comunidades están interpretando otra dimisión por parte del Estado respecto a sus obligaciones. Se hace patente el fracaso de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la consecuente necesidad de autonomía para cumplir la misión que el Estado no ha podido o no ha querido. Personajes como Ciro Gómez Leyva (Milenio, 08/02/2013) o Macario Schettino (El Universal, 08/02/2013) han criticado y descalificado el surgimiento de estas organizaciones, e incluso han llegado a pedir su represión (ocultándolo tras el argumento de aplicación de la ley), pero estos señores no ven más allá de lo que su miopía les permite, pues critican y se ensañan con “el efecto”, no con las causas que provocan esta situación, mismas que se refieren a años de hacer política para unos pocos. Además de que sus arengas a cumplir la ley –que no piden para otros casos– están cargadas de prejuicios, defienden a rajatabla al sistema y al “contrato social” que se supone existe, sin darse cuenta que este es el que ha fallado, al no proveer las garantías más elementales a que está obligado.
Cartón: “Papeles de reparto”, de Rocha, (La Jornada, 07/02/2013).
MAL