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A principios de año, los aumentos en tarifas, derechos y servicios públicos, como predial, agua, placas y su refrendo, licencias, cuotas a locatarios y tianguistas, por ejemplo (véase nota de LR, revista Proceso, 02/01/2013 en http://www.proceso.com.mx/ ?p=329337), sorprendieron a los capitalinos. Los incrementos se realizaron por encima de la inflación, pero no conforme con ello, el gobierno del Distrito Federal (GDF) recientemente anunció un incremento en el costo del transporte público y privado en nuestra avanzada capital, mismo que entrará en vigor a partir del próximo 3 de abril (para que no los madruguen) y consistirá en un peso adicional a las tarifas hasta ahora vigentes para microbuses, autobuses, en los corredores viales (como reforma o periférico) y Metrobús. Además incluye que el “banderazo” de taxis, así como el costo por distancia o tiempo ya arriba de él, suba entre 10.79 y 24.05 % (L. Gómez Flores, La Jornada, 27/03/2012). Ha de observarse que los operadores de transporte público concesionado (microbuses y autobuses) desde hace tiempo han venido pidiendo que se eleve el costo del pasaje, pero sólo ahora que los concesionarios del Metrobús amagaron con la inminencia de una “crisis”, el GDF ha decidido conceder. ¿Cómo puede entenderse si no como una rendición a intereses privados?
Jesús Padilla Zenteno, presidente del consejo de administración del Corredor Insurgentes, afirmó que ese sistema de transporte se encuentra en crisis y que las causas son: la negativa de aumentar las tarifas, los transbordos gratuitos y la exención de pago de uno de cada diez pasajeros (ver nota de L. Gómez Flores, La Jornada 25/03/2013, p. 34). Agregó también que existe una flota de 82 unidades en el corredor, utilizado por unas 479 mil personas diariamente, de las cuales 40 mil aproximadamente evaden el pago y que de existir una política de cobro por kilómetro, el costo ascendería entre 26 y 30 pesos (ya encarrerados también podrían cobrarnos por la seguridad, la programación que incluyen en sus monitores, cobrar como flete a los que utilicen silla de ruedas, viajen con carriolas o bici, o que paguen doble las mujeres embarazadas, por ejemplo). Hay que entenderlos, pues al día sólo vienen embolsándose miserables 2.195 millones de pesos o 65.85 millones al mes… pobrecitos. Según Zenteno “la mitad del presupuesto, alrededor de 30 millones de pesos, se destina a mantenimiento” (Ibídem), por lo que 35.85 millones deben repartirse entre dos empresas privadas (en ese corredor) encargadas de operar la flota y recaudar las tarifas.
Cuando inició operaciones, en junio de 2005, el costo de un viaje era de 3.50 pesos, en marzo de 2008 aumentó un peso y en diciembre de ese mismo año se “ajustó” la tarifa en $5 (véase nota de L. Gómez Flores, La Jornada, 24/12/2012). La historia es por todos conocida: en los tres casos se ha manejado siempre el discurso del supuesto beneficio para los usuarios, las ventajas del sistema de transporte y la bondad de los concesionarios al no cobrar lo que realmente vale el servicio. Los resultados están a la vista: en estos 8 años de operaciones, la flota ha aumentado en un fabuloso 2.5 %, es decir, dos nuevas unidades en el corredor (contrastando las cifras que da el Metrobús en su página y las declaradas por Zenteno), para eso se utilizaron los incrementos. Lo que parece ocurrir es que se confunden los términos “concesionario” y “usuario”, así cuando Zenteno –pongamos por caso– habla de aumentar los beneficios para los primeros, en realidad está pensando en los segundos.
El caso de los operadores de microbuses, autobuses y taxis es algo distinto, pues los gasolinazos, con los implícitos incrementos en todos los productos y materias que se transportan con esa fuente de energía, orillan a aquéllos a subir el pasaje. Es decir, así como el trabajador de una fábrica necesita que se le aumente su salario ante el encarecimiento de la vida, del mismo modo los choferes necesitan invertir más en todas sus necesidades. De sobra se sabe que al aumentar los costos en productos y servicios, los más afectados son aquellos cuyas percepciones económicas son menores, pues no es lo mismo una familia que debe destinar 40 % de sus ingresos a alimentos que otra que para lo mismo invierte sólo el 12 % (véase nota de C. Fernández-Vega, La Jornada, 27/03/2013). No se entiende, por lo mismo, la voracidad de los concesionarios del Metrobús, ni la obstinación de las “autoridades” en seguir importando gasolina, en no construir refinerías y en aportar a la precarización de vida de los habitantes de este país –en general– y de esta ciudad –en particular.
Si las empresas que operan el corredor Insurgentes no pueden o “ya no es negocio” para ellos, que lo digan directamente y se les quite la carga de encima, pasándola al GDF, o que se impulse su conversión en cooperativa. El problema no es la tarifa, sino su pésima administración y la corrupción que provoca su desvió a bolsillos particulares, o partidistas con fines electoreros. Respecto a los otros concesionarios, mientras no se examinen formas de transporte masivo alternativas –incluyentes de los hoy operadores-, en tanto no se realicen políticas en materia de generación, planeación y ejecución de fuentes de energía viables para las necesidades de los habitantes, y como siga la carga impositiva a Pemex y la enorme corrupción que campea en ella y en la administración federal, podemos esperarnos aumentos futuros.
Los incrementos (donde están involucrados todos los partidos políticos, el marcelista Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del DF) se hicieron en periodos
vacacionales: el de tarifas, derechos y servicios públicos a fin del año pasado, mientras que respecto al pasaje fue en Semana Santa, al estilo de Ruiz Cortines, quien devaluó el peso en el mismo periodo de 1954. La intención no fue más que evitar la protesta y movilización de los habitantes por su significado de afectación. La nueva izquierda (que no se cansa de decir que estamos “decidiendo juntos”) se vuelve cada vez más diestra en propinar golpes a la economía de la mayoría para beneficio de una minoría.
Cartón: “Las penitencias de Mancera”, de Rocha (La Jornada, 25/03/2013).