Por MAL
Después de 24 años de ser ungida por Carlos I, de la casa de los Salinas, Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013, de acuerdo a los reales deseos de Carlos II, de la dinastía Peña y Nieto político de aquél, bajo los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los preparativos para detener a la lideresa magisterial ad perpetuam (ahora que está de moda adornarse con latín) se llevaron a cabo en el más absoluto hermetismo, de modo que incluso los más enterados y con más cercanía a las esferas políticas de mayor altura quedaron deslumbrados en lo que tempranamente se calificó como una acción “justiciera”, calificativo reproducido mediáticamente en cantidades ingentes con avidez inusitada. Otra característica es que el expediente acusatorio fue preparado con una diligencia que nos cerraría la boca a todos los detractores de la eficiencia (administrativa) y eficacia (gubernamental) del régimen, lo que es, por sí mismo, sospechoso en este México de tortuguismo y colusiones. Más tardó en aplaudirse el heredero salinista en cadena nacional, que en venirse abajo su “cruzada” por la justicia, pues las voces que han pedido las cabezas de Romero Deschamps (líder charro petrolero), Andrés Granier (ex gobernador de Tabasco) y Humberto Moreira (otrora mandatario de Coahuila), todos bajo fuerte sospecha de corrupción y enriquecimiento ilícito, no han sido satisfechas.
Pero si ellos tiene un registro de podredumbre tan generoso como el de la Gordillo, ¿por qué a ésta se le detiene y a los otros no? La hipótesis más extendida es que le dejó de ser útil al sistema. No estaría del todo de acuerdo, pues en los comicios de 2006 y 2012, que llevaron a dos gobiernos ilegítimos a Los Pinos, demostró cuan rentable puede ser la mancuerna que se haga con ella. Otra tesis –con la que comulgo más– exhibe que la verdadera razón es la insubordinación y deslealtad al priismo restaurado. En efecto, eso quedó de manifiesto cuando la maestra se opuso a la política de Carlos II en materia de reacomodo de espacios de poder dentro del sistema educativo, ajuste que establecía –entre otras cuestiones– la mal llamada “reforma educativa”. El cacicazgo de Gordillo se vería trastocado en los términos aprobados de la modificación al tercero constitucional, que reforzaría la ley secundaria; en este sentido, la suprema lideresa se habría visto obligada a ceder cotos, con lo que su capacidad de negociación e imposición disminuirían, lo cual no estaba dispuesta a permitir, razón que la llevó a anunciar una serie de movilizaciones en contra de la “reforma” y que se preparaba a instrumentar cuando fue detenida. Sin embargo, esto chocaba con las pretensiones de investir de nuevo a la figura presidencial de las máximas atribuciones, opinión que se refuerza con el avance de la modificación legales que retiran el “fuero” a servidores públicos, pero que no afecta –¡faltaba más!– al presidente de la República. Y ni modo: donde manda copetón, no gobierna magisterio.
Entonces no es que no fuera útil al sistema, porque lo era, tanto que Peña no la dejó renunciar en octubre de 2012 (véase el reporte especial de J Cervantes, en revista Proceso 1896, 03/03/2013, pp. 18-20) sino que ya se le estaba subiendo a las barbas a la institución que nos heredara Cárdenas (sonado mucho en estos días, por cierto). Debe decirse también que la relación de la Gordillo con el priismo chavo-ruco ya se había venido desgastando, no sólo desde que apoyaba las intenciones foxistas de gravar con IVA alimentos y medicinas y cuando operó electoralmente a favor del presidenciable calderonismo, sino cuando, por sus fueros, impuso a Eruviel Ávila para la gubernatura mexiquense, en contra de los deseos del atlacomulquense de designar a Alfredo del Mazo Masa (J. Villamil, Ibidem, pp. 21-24).
Jesús Cantú afirma que la acción que llevó a la maestra a la cárcel conlleva dos mensajes: “su disposición de hacer valer la fuerza del Estado y su determinación para sacar adelante las reformas comprometidas” (Ibídem, p. 42). Agregaría que incluye también una advertencia para todos aquellos dentro de la administración pública,
funcionarios con cargo de elección popular, líderes de organizaciones de todo tipo de trabajadores e, incluso, empresarios, industriales y toda clase de disidentes políticos: si no se ciñen a las decisiones del neomaximato, pueden acabar sus días en una bonita “casa grande” de retiro o, si son muy nice para eso, con claras afectaciones en sus intereses económicos. ¿Quiénes podrían estar en la lista para modelar un coqueto traje caqui? Quizás Martín Esparza, que ha decidido bajarle dos rayitas a su volumen y ponerse a negociar con el gobierno federal, a pesar de que la Supremamente Corta de Justicia (Astillero dixit) falló en contra de los electricistas en un proyecto acerca de la figura de patrón sustituto y la reinserción laboral de éstos. Quizás Napoleón Gómez Urrutia, si se empecina en contradecir privatizaciones del suelo mexicano –no por principios ideológicos o éticos–, intereses generales que amarraron a Peña a la silla presidencial. En fin, también podría ser el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, por aquello de las reformas en telecomunicaciones, o los disidentes del SNTE y la CNTE. Lo único que da consuelo –esperanza– es que, por todas las tropelías que se cocinan ya por los poderes constituidos, no hay suficientes cárceles en el país.
Imagen tomada de la columna de F. Salazar, publicada el 27/02/2013 en http://www.filos.mx