Por MAL

El llamado Pacto por México es, según su propio texto, “el acuerdo político más relevante que se ha realizado en décadas en nuestro país”, con alcance similar al de los Pactos de la Moncloa (?!), para “realizar grandes acciones y reformas específicas que proyecten a México hacia un futuro más próspero”. Fue suscrito por los dirigentes de los tres partidos mayoritarios (Jesús Zambrano, Cristina Díaz, y Gustavo madero, del PRD, PRI y PAN, respectivamente), el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Enrique Peña Nieto.

Hay 5 objetivos principales (acuerdos) que guiarán las acciones pactistas: 1, sociedad de derechos y libertades; 2, crecimiento económico, empleo y competitividad; 3, seguridad y justicia; 4, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y 5, gobernabilidad democrática. Para estructurar la agenda de reformas se ha instrumentado un Consejo Rector, entre los que resaltan –además de Zambrano, Madero y Osorio Chong– Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas por el PAN; Jesús Ortega, Pablo Gómez y Alejandra Barrales por el PRD; César Camacho Quiroz, Héctor Gutiérrez de la Garza y Arturo Goicochea por el PRI; y Luis Videgaray y Aurelio Nuño como representantes del gobierno federal. El Consejo estará encabezado por José Murat.

Cada uno de los 5 acuerdos contienen rubros particulares en los que se actuará, entre estos destacan: seguridad social universal, educación de calidad y con equidad, políticas de Estado con respeto a los derechos humanos y derechos indígenas, desarrollo sustentable, reformas energética y de la actividad minera, la banca y el crédito como palancas de desarrollo, deuda de los estados, reforma hacendaria, un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, reforma a los cuerpos policiacos, al sistema de justicia y penitenciario, un único Código Penal, reformas a la rendición de cuentas y a las facultades del IFAI, un Sistema Nacional contra la Corrupción, formar gobiernos de coalición, adelantar la toma de protesta del Ejecutivo Federal, partidos políticos y elecciones, reforma al Distrito Federal, revisión de fueros y reelección de legisladores. Todo lo anterior se concreta en 95 acciones específicas que se comenzarán a ejecutar ya sea el primer o segundo semestre del corriente, culminando entre este año y el 2018.

Todo suena de maravilla, y no pocos celebran con optimismo que los principales partidos (por su tamaño) hayan “hecho a un lado sus diferencia” y se pusieran a “trabajar por México”, sin embargo hay algunas cuestiones que conviene recordar o señalar. El Pacto nace de un cabildeo oscurantista entre las dirigencias partidarias y los agentes del Ejecutivo de facto, ni las bases de los institutos, ni expertos en sus respectivas materias, ni la ciudadanía fueron consultados o informados sino hasta que los acuerdos estaban amarrados: cuando algo se hace a escondidas es porque se sabe que no es correcto. No hablamos de una fiesta sorpresa, sino de asuntos de interés público… o quizás sí será una fiesta o se trataba de un regalo sorpresa a aquellos que ayudaron a la “entronización cívico-militar” de Peña nieto, como la ha llamado Carlos Fazio.     

Un pacto surge de una negociación entre dos o más partes y cada una de ellas tiene algo que la otra quiere. La correlación de fuerzas no es, en la gran mayoría de los casos, equilibrada, y la fortaleza de cada elemento determina hasta qué punto puede exigir y conceder. Por lo mismo es dudoso que la izquierda (supuestamente el PRD), con la ruptura que supuso el distanciamiento de AMLO y el anuncio de la intención de MORENA de constituirse como partido político –todo bajo una reorientación general del sol azteca hacía perfiles dinosáurico–, haya podido imprimir aires progresistas a dicho pacto; es igualmente inseguro que el PAN, con las escandalosas derrotas electorales y la sospecha ya de un padrón inflado de militantes, lograra frenar las intenciones del priismo salinizado, con las que de cualquier manera coincidiría probablemente. Podría decirse, entonces, que el Pacto es un logro del PRI y Peña Nieto, quienes a su vez reproducen los dictados de los intereses extranjeros (estadounidenses principalmente) y nativos.

Las designaciones de los miembros del Consejo Rector no hacen sino reforzar la tesis de que las acciones del Pacto tendrán como piedra angular la asistencia a intereses particulares nocivos para la ciudadanía, pues varios de los personajes aludidos se han caracterizado durante sus gestiones por ello, así como por una descarada intransigencia, absoluta irresponsabilidad y nula vocación de servicio público. Como muestra, el caso de la Guardería ABC en que está implicado Molinar Horcasitas, o la violación a derechos humanos durante el gobierno de Murat en Oaxaca. Uno de los primeros frutos pactistas es la “reforma educativa” que no pone en el centro del debate los problemas del sistema de educación nacional, sino que busca reacomodar posiciones de poder e imputar a los maestros la responsabilidad por el deterioro educativo presente o futuro.

El Pacto busca dar legitimidad al gobierno de Peña Nieto, como ya han dicho muchos, pero también es legitimante en otra dirección: la de la oposición, “las oposiciones reconocen al gobierno y el gobierno reconoce a las oposiciones”, como lo ha dicho Silva Herzog-Márquez, y retomado Sánchez Rebolledo. Hay de oposición a oposición, y esto ya lo hemos visto en la historia mexicana del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad: allí estaban el PPS, el PARM y hasta el PAN para hacerle el juego al Revolucionario Institucional. Se están retomando tácticas para una gobernabilidad funcional a los poderes fácticos. Afortunadamente hay movimientos opositores reales.

Las reformas y creaciones institucionales para sacar adelante el Pacto por México son asuntos aún en diseño, y este espacio “político-animal” lo retomará a su debido tiempo, aunque no se ven motivos ahora, ni en un futuro, para celebrar.

Cartón: “Nombramiento”, de Hernández, (La Jornada, 10/01/2013).