Por MAL
Las medidas que desde hace tiempo ha venido tomando el gobierno de esta Re(im)pública (en sus distintos niveles y colores) patentizan cada vez más una verdad inobjetable: el miedo pulula en sus adentros. ¿Cómo entender, si no de esta manera, sus esfuerzos por replegar los varios signos de protesta e intentos de emancipación populares? Aunque resulta también consecuente con la oleada de reformas que se han venido promoviendo y aprobando a pie juntillas desde hace un año y medio, siendo bien conscientes de los descontentos que ellas pueden engendrar, la intención de adelantarse a posibles conflictos y tener preparado un ordenamiento jurídico con el cual respaldar legaloidemente sus operaciones, sólo resfuerzan la idea de que existe un gran miedo al pueblo, sobre todo cuando está organizado.
El pasado 28 de abril en el Senado se aprobó un dictamen por el cual se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional. Este numeral de la Carta Magna versa sobre la restricción o suspensión de derechos y garantías, en una parte o en todo el país, para que el Poder Ejecutivo haga frente sin obstáculos a una invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. La Ley secundaria busca normar el procedimiento para llevar a efecto este supuesto, así como regular concesiones y autorizaciones que el titular del ejecutivo considere necesarias para afrontar las amenazas. En la redacción queda manifiesta la idea de aplicar a discreción de la autoridad la expresión de “perturbación grave a la paz pública” y cualquier caso “que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” (véase aquí).
¿Por qué la emisión de la ley secundaria permaneció tres años en el limbo? ¿Es ahora más certera la suposición de que en algún momento la situación podría desbordarse y tendrían que suspender el ejercicio de derechos para garantizar un mínimo de condiciones aceptables de gobernanza? ¿Qué tanto se está avanzando ya en este aspecto?
El miércoles 9 de julio la Cámara de Diputados aprobó la minuta de leyes secundarias de radiodifusión y telecomunicaciones enviada por los senadores. El consentimiento de la propuesta enviada originalmente por el Ejecutivo motivó desde el inicio una serie de reservas y protestas, pues sería la llave que abriría las puertas a un Estado policial. En particular el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (que engloba sólo a los artículos 189 y 190) establece la obligatoriedad de los concesionarios de telecomunicaciones a retener datos privados de sus usuarios hasta por dos años, en una plataforma que pueda ser consultada por las autoridades, tales como nombre; tipo de comunicación; origen y destino de ésta; hora, fecha y duración; ubicación geográfica. Además de lo anterior, se mandata suspender el servicio de telefonía (incluyendo el internet). En ninguna parte se especifica quiénes serán las autoridades competentes (con lo que podría ser cualquiera encargada de la seguridad), y dice que bastaría para intervenir la privacidad de las comunicaciones una autorización judicial federal, a petición de la autoridad que la Ley señale (¿?) o del titular del Ministerio Público (véase el Decreto completo aquí). Los numerales atentan contra nuestra Constitución Política y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, principalmente en lo tocante a la privacidad y libertad de expresión, y han sido echadas para atrás en países donde se buscó su implantación.
En este espacio y en varios otros ya se había hablado de las reformas que en Quintana Roo y Puebla van en contra de la libertad de expresión, uno de cuyos ejemplos más recientes fue el suscitado el 8 de junio pasado, cuando se aplicó la Ley bala a un grupo de manifestantes que protestaban en San Bernardino Chalchihuapan (véase aquí). Tras aprobarse en mayo, no ha tardado en arrojar consecuencias. A finales de abril, en Chetumal se pasó la Ley de Ordenamiento Civil del Estado de Quintana Roo (véase aquí) que, aunque en una versión menos polémica que la que presentó el diputado Juan Carrillo Soberanis (priista, faltaba más), advierte que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”, expresiones armonizadas con la Ley Reglamentaria del Artículo 29.
¿Por qué se avala coartar las libertades en nombre de la “seguridad”? ¿Por qué tratar de evitar que la gente salga a las calles? Y cuando lo haga, ¿por qué se plantea utilizar balas (aunque sean de goma) contra ella? ¿Acaso hay la posibilidad de que las reacciones del pueblo de Michoacán y Guerrero se reproduzcan en otras latitudes y se busca cortarlas en sus inicios?
A propósito de Michoacán, la detención del ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles, ocurrida el viernes 27 de junio, es clara muestra de las intenciones de los distintos gobiernos. El operativo fue implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, justo un día después de que Mireles se apersonara en La Mira y anunciara su intención de avanzar al puerto de Lázaro Cárdenas para crear autodefensas, en su búsqueda por “liberar” a Michoacán del crimen organizado. Mireles es ejemplo de desafío al gobierno, de organización y reticencia a la cooptación gubernamental; ha mostrado que hay gente dispuesta a enfrentar (incluso con armas) a quien sea, con tal de regresar la paz y la justicia a los habitantes de este país. Si tomamos en cuenta que en los últimos tres años han surgido más de 100 grupos armados de ciudadanos, autodefensas y policías comunitarios en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, México, Jalisco, Distrito Federal, San Luis Potosí, Hidalgo Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Colima y Tabasco (véase aquí), el ejemplo de insurgencia del doctor Mireles podría resultar preocupante para los gerentes en turno de los intereses privados.
¿Por qué detener (ilegalmente) a aquellos luchadores que lo único que buscan es el bienestar de su comunidad? ¿Por qué se atenta contra los intentos de autonomía y defensa de la soberanía? ¿En qué otros lugares se repiten estos escenarios que atentan directamente contra el bienestar de la población?
El 2 de mayo en el caracol zapatista de La Realidad, en el municipio autónomo San Pedro Michoacán (Las Margaritas), se suscitaron hechos violentos que derivaron en la destrucción de una escuela, una clínica y el asesinato de José Luis Solís López. La Red por la Paz en Chiapas condenó los hechos y señalo como responsables a “integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) y los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional” (véase nota aquí), en el contexto de la paramilitarización y acoso de comunidades indígenas, vejaciones toleradas (¿propiciadas?) por los gobiernos estatal y federal (priistas). También ha de decirse que ocurre en el momento en que se habían anunciado nuevas iniciativas públicas que realizaría el EZLN a finales de mayo y principios de junio.
¿Por qué intentar acabar con estos proyectos de autonomía ya consolidados? ¿Basta la sola mención de acciones o el solo planteamiento de alternativas o críticas a la oficialidad para intentar acallar las voces discordantes? El 18 de junio en la página de Revolución tres punto cero se dieron a conocer las amenazas de las que fueron objeto la periodista Sanjuana Martínez y al catedrático de la UNAM John M. Ackerman (véase aquí). Aunque evidentemente no son los únicos que han sido intimidados o contra cuya seguridad se atentaría, es significativo que se trate de figuras de renombre, pues muestra la desesperación en que cae el grupo gobernante.
Varias de las preguntas antes enunciadas encuentran su respuesta en un punto común: el miedo. El temor de los que gobiernan este país cuando los gobernados pierden el miedo. Es cierto, mucha gente ha perdido ya el miedo, y muchos más comienzan a deshacerse de él, a liberarse de esa sensación por aquellos que los oprimen, los traicionan y pisotean su dignidad como personas. Aquí se cierne, sin embargo, un peligro: como cualquier ente vivo, este gobierno buscará sobrevivir a cualquier costo (a esa preservación se dirigen sus acciones legalistas y extralegales) y en su temor a sucumbir puede volverse extremadamente más peligroso, agresivo y violento de lo que es ahora. Pero en el nuestro puede haber un atisbo de luz: hemos perdido el miedo de encarar a nuestros enemigos, sí; pero podemos utilizar en nuestro favor otro, el temor a perder lo poco que nos queda.