Por MAL

Ante la profunda falta de representatividad del Congreso de la Unión, la irreversible descomposición institucional, la ambición desmedida del grupo gobernante, el desdibujamiento de la clase política (ahora meros gestores del capital industrial y financiero, lo mismo nativo que foráneo), la desconfianza en toda autoridad gubernamental y el hartazgo generalizado de la situación -de toda índole- que agobia a nuestro país, casi un centenar de intelectuales, académicos, artistas y periodistas apoyó la idea propuesta por John Ackerman de realizar un Congreso Popular.

La convocatoria al Congreso fue abierta  a toda persona, sin importar nada más que su firme compromiso de defender la Constitución y los intereses de los mexicanos. Dos mil 652 personas que encuentran afinidades de pensamiento, en todas partes del país, atendieron al llamado, y más de dos mil 500 se dieron cita en la Plaza de la República del Distrito Federal para instalar el cuerpo representativo. El encuentro ocurrió el 5 de febrero, en el 97 aniversario de la promulgación de nuestra revolucionaria Constitución Política de 1917, y desde muy temprano comenzaron los preparativos técnicos y la llegada de los representantes.

Eran varios los objetivos que se buscaban concretar en la instalación del Congreso. Por una parte, la cada vez más imperiosa necesidad de construir el poder popular, auspiciando la participación ciudadana; por la otra, defender la Constitución y, en este sentido, votar la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicada el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación” (el documento puede ser consultado en la página electrónica: http://www.congresopopular.org/).

Uno de los puntos que más destacan en la exposición de motivos para tal iniciativa es que la reforma fue “leída, discutida y aprobada” en sólo 83 horas, contando el tiempo entre las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, con lo que se habría violado el cumplimiento de los procesos de deliberación previstos en el 135 constitucional. Paralelamente, dice la iniciativa, las comisiones no discutieron el dictamen y se votó la minuta sin antes ser leída, omitiendo el proceso de deliberación sustancial, que redunda en violaciones a los artículos 40, 41 y 135 de nuestra Carta Magna. Hace años, la SCJN se pronunció respecto al proceso que debe cumplirse en los tiempos legislativos, al indicar que “las formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos”, en las acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 19/2010, mismas que generaron jurisprudencia (Ibídem), es decir, antecedentes para que casos similares puestos a consideración de los juzgadores se resuelvan en el mismo sentido bajo los mismo criterios.

La jornada de trabajo inició con las intervenciones de diversos personajes públicos de la vida nacional, como Hugo Aboites, Massimo Modonesi, Marcela Ortiz, Gabriela Rodríguez, Fabrizio Mejía y Paco Ignacio Taibo II, entre otros. Los pronunciamientos de los invitados especiales giraron, en amplia generalidad, en torno a la denigrante situación política e institucional, el rechazo total a las formas y reformas de nuestra clase política y a las diferencias cualitativas del Congreso Popular en contraste con el la Unión, lo que son y dicen ser. Taibo, exhortó a desterrar el pensamiento sectario y propuso la creación de una comisión de enlace con otras fuerzas políticas que también estuvieran en contra de las reformas estructurales, pues aquel ha sido la debilidad histórica de la izquierda. Ackerman enunció los recursos legales con que se cuenta para echar atrás las reformas en materia energética, haciendo hincapié en no esperar más para tal efecto.

Fue tomada la protesta a los congresistas y se dio lectura a la Iniciativa. Los nombres de los asistentes que tendrían derecho a la palabra fueron insaculados equitativamente entre hombres y mujeres, antes de la votación por la derogación o no de las multicitadas contrarreformas del articulado 25, 27 y 28 de nuestro contrato social.

Los discurso de los representantes populares tuvieron el tono del hastío generalizado que se respira en el ambiente, pero también se escuchó la voz de la esperanza y la convicción en que este tipo de ejercicios democráticos pueden ser los primeros pasos hacia la transformación de nuestro desbalagado país que busca reencontrarse. Se procedió a la votación de la Iniciativa y el resultado fue unánime por la revocación de las modificaciones peñanietistas. Después Julio Hernández (Astillero) habló sobre los criterios para que los representantes hicieran propuestas de resistencia civil, a realizarse -particularmente- el próximo 18 de marzo; básicamente sugirió que las mismas fueran sensatas y realizables sostenidamente. Entre las más destacadas o repetidas estuvieron: un paro nacional, no pagar impuestos al consumo, suprimir el actual sistema representativo, tomar gasolineras y casetas de peaje para su libre aprovechamiento, ocupar instalaciones de PEMEX y petroleras trasnacionales, huelga nacional, apoyar a todas las autodefensas surgidas o por surgir en el país y a las familias de personas en situación de desaparición forzada, crear una guardia nacional que sustituya al actual cuerpo castrense, crear una coordinadora para empujar distintas iniciativas de ley y llevar a cabo “un solo acto”, en el zócalo, el día del 76 aniversario de la expropiación petrolera.

Sin ningún ánimo de subvalorar las intervenciones de los congresistas, hubo muchos más posicionamientos que propuestas, cuando el punto era éste último. Sin embargo, el hecho de que ello fuese de este modo es altamente significativo, pues implica que las personas buscan que su voz sea escuchada, y que no pueden hacerlo ante la falta de canales válidos y legítimos de representación y participación popular. Todos los asistentes demostraron su férreo compromiso y su firme convicción para que este esfuerzo fructifique. Viene una nueva etapa, de lucha y trabajo aún más arduo, pues ahora se buscará observar la viabilidad de las propuestas y su concreción; esfuerzo que no únicamente involucra a los organizadores y representantes, sino del que participan todos aquellos que no soportamos más tanta injusticia, humillación, corrupción, saqueo, cinismo, ilegalidad, ilegitimidad, ineficacia, abusos y que, sobre todo, estamos dispuestos a hacer algo para no permitirlo más.