Por MAL

Fuera de los sectores empresariales privados, que de inmediato se rasgaron las vestiduras y vaticinaron augurios funestos para la economía mexicana, las modificaciones a la Ley de Amparo pasaron, en general, con bajo perfil. En la mayoría de los medios de comunicación ocupó segundos planos ante la renuncia de “El Pastor” de lobos y chacales (que lo mismo encubrió a curas pederastas que abogó por Pinochet cuando fue detenido en Londres en 1998). Aquí dedicaremos, sin embargo, una pequeña reflexión a dicha reforma.

  Desde octubre de 2011 el pleno de la Cámara de Senadores había turnado a la Cámara Baja diversas disposiciones que alteraban la Ley de Amparo, pero fue detenida en San Lázaro hasta principios de febrero de este año. ¿Casualidad? ¿Los diputados ahora sí se están poniendo las pilas para desquitar su sueldo? Para nada. Lo que sucede es que en esos ayeres el panismo aún guardaba celosamente el gran negocio de la administración federal y fue “congelada” hasta que soplaran otros vientos. ¿Para qué o por qué? Esos es otra cosa.

  Uno de los puntos que mayor discusión causó entre los 500 curuleros fue la fracción XIII del artículo 129, el cual dice (según la nueva redacción) que la “suspensión” del acto de autoridad (del Estado) no procederá cuando: “se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (el documento con la redacción de esta fracción puede consultarse en http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/0812/5.2NuevaLeyAmparo.pdf; para una comparación entre el proyecto de los senadores y lo que proponen los diputados consúltese: http://gaceta.diputados.gob.mx/ PDF/62/2013/feb/20130207-IV.pdf). Para terminar de entender hay que indicar cuáles son los aludidos bienes de dominio directo, en resumen: todos los recursos naturales; minerales o substancias de naturaleza distinta de los componentes de los terrenos, utilizados en la industria; yacimientos de piedras preciosas; productos derivados de la descomposición de las rocas; yacimientos minerales u orgánicos susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; combustibles minerales sólidos; petróleo y todos los carburos de hidrógeno; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

   Ahora comienza a verse por qué los señores del dinero pusieron el grito en el cielo, pues las concesiones que hayan sido otorgadas, ahora o en un futuro, podrían verse amenazadas si al Estado le viene en gana hacerlo, lo que “frenaría la tentativa de algunos jueces o magistrados federales de favorecer a grupos corporativos importantes en el país como Televisa o Tv Azteca”, como coinciden Elisur Arteaga Nava y Alberto Guerrero Rojas, expertos en la materia (publicado en el portal de La Jornada 12/02/2013: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/02/12/19266252-mejora-nueva-ley-de-amparo-medios-de-defensa-expertos). La acometida del Legislativo puede entenderse como el intento de reequilibrar la relación de fuerzas entre dos poderes fácticos que coexisten en el país: el gobierno (priista) y el gran capital. Si antes no se sacó adelante la reforma fue porque en ese entonces la dupla andaba en una necesaria luna de miel que traería como resultado el encumbramiento de Peña Nieto; pero ahora que el romance estorba un poco, el tricolor intenta meter en cintura a socios antiguos y recuperar el margen de maniobra que el importantísimo poder del capital le obligo a ceder. Tampoco es que la pareja de telenovela se vaya a separar, sino que con la adaptación legal el dinosáurico partido tendrá mejor posición a la hora de negociar con industriales, empresario, banqueros y demás gente bien de este bonito país.

   El doble filo que tiene la espada reformista es preocupante, pues si bien el gobierno de facto se mediría a la hora de tocar los intereses de televisoras, telefónicas y mineras (por ejemplo), a quienes les tocaría la peor parte serían los demás que en México somos los “malnacidos” (según una contradefinición del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés). Y el golpe podría asestarse, valiéndose de una misma justificante, en dos terrenos, por lo menos: el de la explotación de hidrocarburos y el de la explotación de yacimientos mineros. Así es, por un lado la tan anunciada reforma energética podría calcularse con el engrane del Amparo para ajustar la maquinaria privatizadora, y escudándose en la XIII del 129, ningún amparo impediría (porque desaparece la figura de la “suspensión”) que en los hechos el gobierno otorgara autorizaciones para que la iniciativa privada –nacional y extranjera– comience la explotación de ese sector energético.

  El mismo argumento valdría entonces utilizar a la hora de que el Estado hiciera concesiones a empresas mineras, sin importar el lugar donde se ubiquen los yacimientos, pues a pesar de que las comunidades interpongan ante las instancias correspondientes un Amparo por la arbitrariedad del Estado, las empresas continuarían con su negocio en lo que el asunto se resuelve, si es que tal cosa sucede algún día y siempre y cuando se resuelva a favor de los demandantes, pero como en este país el Poder Judicial le hace los mandados al Ejecutivo pues ya sabemos en qué quedaría la cosa. Aun en el lejano escenario de que aquel fallara en beneficio las comunidades, el daño al ecosistema y al hábitat de los pobladores ya estaría hecho: ¿Cómo resarcir el perjuicio causado?

  Agravios de tal magnitud son casi imposibles de compensar, por ello la vía más adecuada es evitar que algo de tal índole ocurra, como bien lo saben los wixárika, quienes llevan tiempo resistiendo la embestida de la First Majestic Silver en su sagrado territorio Wirikuta. Si las modificaciones a la Ley de Amparo se avalan, todo el esfuerzo contra la minera canadiense se podría ir por el desagüe, no habría amparo que detuviera la profanación de la First, más aún cuando ésta anunció que sus planes de explotación estaban calendarizados para 2013 y 2014 (F. López Bárcenas, La Jornada, 26/05/2012). Casos como estos se volverían cotidianos a lo largo de la geografía mexicana, lo mismo en lugares cuyo suelo fuera otorgado a una cadena de tiendas de autoservicio y que pudiera tener restos arqueológicos, que concesionar miles de hectáreas para cultivar los transgénicos de Monsanto.

  ¿Qué es lo único que detendría la situación? Nosotros

 Peregrinación en Wirikuta, foto de La Jornada Michoacán.