Por MAL
En el marco de los intentos para obtener la legitimación que el Ejecutivo de facto no ganó en las urnas, el lunes 21 de enero Enrique Peña Nieto emitió un Decreto, en Las Margaritas, Chiapas, que pretende –por lo menos– ser la base para iniciar una “cruzada” contra el hambre que padecen millones de mexicanos. El documento únicamente dicta que “se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre” (SINHAMBRE, disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013), y en 18 artículos (4 transitorios) intenta glosar desde cuándo es que operará, cómo y con qué recursos.
En cuanto a lo primero, nadie ha dicho a partir de qué fecha comenzará –en los hechos– “la cruzada”, el Decreto sólo contempla que dentro de los 30 días después de emitido la Comisión sesionará para aprobar sus normas de organización y funcionamiento interno (artículo segundo) y que la Secretaría de Desarrollo Social tendrá igual margen de tiempo para expedir los lineamientos que hagan lo propio con el Consejo y los Comités (artículo tercero). Después de ello quién sabe cuánto tiempo pase para que los municipios, 400 considerados en primera instancia, vean manos a la obra; mientras, que sus habitantes se sigan apretando el cinturón.
Respecto a lo segundo (el cómo), será mediante la creación de una Comisión Intersecretarial, un Consejo Nacional y Comités Comunitarios que llevarán a cabo acuerdos integrales para el desarrollo. De aquí se desprenden dos asuntos: primero, que en los hechos se creará más burocracia para atender –supuestamente– el problema, pero si la mayor parte del presupuesto de egresos (algo así como 70 centavos de cada peso) se destina al gasto corriente –en su mayoría la nómina burocrática– ¿cuánto va a quedar para callarle las tripas a esos mexicanos que no piensan en otra cosa más que en comer? Por otra parte, la (des)administración federal ha dicho hasta el cansancio que no se trata de un programa asistencialista ni clientelar, pero después de que los dineros comiencen a fluir y vayan disminuyendo en el camino ¿para qué va a sobrar, para generar en los municipios una reconversión productiva, para propiciar una reingeniería de los mercados locales, para otorgar financiamiento a agricultores o darles precios de garantía, para construir infraestructura –seguramente tan necesaria– generando con ello empleos? Y si no es clientelar, por qué integrar a los beneficiarios de los programas sociales como miembros de los Comités Comunitarios. Con eso se forja una especie de lealtad electoral a quien está impulsando esta ayuda, como en el caso del PAN lo demuestra el estudio de Alberto Díaz-Cayeros, Beatriz Magaloni, Jorge Olarte y Édgar Franco, titulado La geografía electoral de 2012 (D. Dresser, semanario Proceso, 07/11/2012).
La anterior pregunta lleva al tercer punto (con qué recursos): no se mencionan los fondos con que operará el Sistema o la Cruzada en general, como lo ha documentado también Carlos Fernández-Vega (La Jornada, 23/01/2013). Para cumplir con el Decreto, dice al mismo, las erogaciones “se cubrirán con cargo a los respectivos programas y presupuestos […] en los términos de la Ley Federal de Presupuesto”. Por lo que probablemente se piense en hacer un “Teletón gubernamental”, como dice Fernández (ibidem). Los objetivos de “cero hambre”, “eliminar la desnutrición infantil”, “aumentar la producción de alimentos y el ingreso” en las comunidades, “minimizar las pérdidas post-cosecha” de alimento y “promover la participación comunitaria” (artículo segundo) exigen una partida presupuestaria que considere la implantación de un piso común de desarrollo a todos los municipios, en proporción directa a los niveles de carencia. ¿Pero de dónde van a salir los dineros para semejante empresa?
Dice Rodríguez Araujo que peor sería hacer nada y dejar las cosas como están (La Jornada, 25/01/2013), y es cierto, pero con semejantes bases qué resultados se pueden esperar. Aun con sus intenciones de ser una estrategia de inclusión social para el desarrollo, “la cruzada” busca abatir –en el mejor de los casos– los efectos que por décadas han producido las políticas en materia económica y social de todos los gobiernos, pero se deja de lado por completo las causas de dichos síntomas; eso es tomar analgésicospara un padecimiento del cual no queremos saber el origen, esos es hacerle al “Tío Lolo”. Mientras se siga llevando a la Nación por la misma ruta nada va a cambiar… o quizás sí, para peor.
Lo mismo sucede en materia política, la “absolución” que el pasado 23 de enero otorgó el IFE al PRI por el caso Monex, no hace más que confirmar la continuidad de las
prácticas tricolores ilegales disfrazadas de legales, que suponen que un papel con firmas y sellos es suficiente para inmacular su imagen y la de quienes le ayudaron a adueñarse de la presidencia. Ni siquiera se le impondrá una multa al partido –lo cual no está del todo mal, ya que la terminaríamos pagando nosotros vía impuestos–, es el cinismo llevado a su máxima expresión. En el pasado, todas las prácticas y acciones priistas generaron en un momento sus propias contradicciones, todas; cuando lo mismo suceda con las que continúan el PRI, los poderes fácticos y la meretrIFE –expresión que tomo de un amigo–, para dejarlo sólo en eso, todos deberán hacerse responsables para enfrentar las consecuencias.
Cartón: “Cruzada contra el hambre”, de Helguera (La Jornada, 23/01/2013).