Por: MAL

El pasado 19 de abril se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México que partió del Parque Hundido y su destino era Ciudad Universitaria, la Torre de Rectoría para ser más precisos. Una vez al pie del edificio, cuando el mitin estaba concluyendo hacia las 20:00 horas, alrededor de 15 manifestantes se apartan del resto y se introdujeron a la sede administrativa a través de un vidrio que habían roto previamente. La toma de Rectoría duró 12 días, tiempo en que las demandas colocaban por delante, casi siempre, los intereses de la comunidad universitaria, específicamente de los CCH’s: 1) no represalias por la ocupación de Rectoría, 2) sanción a los responsables por el conflicto de los pasados 1 y 5 de febrero en el CCH Naucalpan, que derivó en la expulsión de varios estudiantes, 3) reincorporación de los alumnos sancionados por el conflicto mencionado, 4) repudio oficial y total a la violación de la autonomía universitaria -por la entrada de policías municipales en el plantel aludido-, 5) desistimiento de las demandas interpuestas contra todos los estudiantes involucrados desde que inició la problemática a principios de 2013, 6) consulta estudiantil sobre la reforma en aquel sistema de educación media superior, y 7) desaparición del Tribunal Universitario.

Conforme los días transcurrían, y ante la división que esas acciones causaron junto con  la postura de las autoridades, las demandas se fueron reduciendo, al tiempo que se ratificaba la expulsión de 5 alumnos del Plantel Naucalpan y el Rector depositaba en manos de la Procuraduría General de la República la decisión de lo conducente ante tales eventualidades, con el muy posible desalojo de los estudiantes y valiéndose del uso de la fuerza. Al final los ocupantes del inmueble salieron por su propia voluntad, con la promesa -entre ellos y las autoridades- de entablar una mesa de diálogo donde pudieran ser escuchadas y atendidas las demandas de los jóvenes.

Durante todo este tiempo hubo una permanente campaña de linchamiento mediático-social -incluso entre algunos jornaleros (como Víctor Flores, La Jornada, 23/04/2013), en contra de los “encapuchados”, adjetivo con el que se les denominó en la mayoría de los medios de comunicación. La comunidad universitaria -así como muchas personas en las redes sociales y fuera de ellas- se dividió entre quienes rechazaban la manera en que los estudiantes hicieron las cosas y quienes los entendieron y mostraron su apoyo, tal fue el caso de la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (http://www.youtube.com/watch?v=sMFtPwptThE) y la Asamblea en el Auditorio Che Guevara que convocó a estudiantes de la Faculta de Filosofía y Letras, Economía, Derecho y algunos cecehacheros. Dos de las principales razones de las que muchos se valieron para desacreditar tanto esa como otras muchas acciones fueron, por un lado, la misma toma de Rectoría con métodos “violentos” y, por otro, el uso de prendas que llevaban los ocupantes para cubrir su rostro.

Respecto a la primera de las razones que se apuntan, debería entenderse por qué los jóvenes lo hicieron de esa manera, y la respuesta la dieron ellos mismos cuando se les cuestionó al respecto: “Usamos estos métodos porque sólo así ceden al diálogo, como cuando tomamos la Dirección General de los CCH […] no queremos la reforma educativa en los CCH ni que se criminalice la protesta social. Ustedes nada más ven el reflejo de estos vidrios rotos, pero no las cámaras que nos vigilan en el CCH Naucalpan, la represión en contra de nosotros […] Ya [pedimos el apoyo de la comunidad universitaria] y no nos apoyaron, los medios de comunicación masiva nos atacaron. A la gente no le interesa nada porque somos estudiantes” (véase nota de A. Jiménez, La Jornada, 20/04/2013). La respuesta es completamente significativa y pone de relieve un asunto sumamente grave y sintomático que predomina en el país en general, y en la universidad en particular: el agotamiento -en unos casos- y la falta -en otros- de los canales institucionales legítimos de participación y expresión, y las múltiples protestas, mítines y manifestaciones de disidencias ante las decisiones de las autoridades en diferentes ámbitos son una prueba de ello. Es decir, o no hay posibilidades de diálogo -por ejemplo-, o si las hay, éste sirve para nada, como señalaron los jóvenes. En nuestro país al menos, el diálogo del poder es con el poder, si no eres una persona, grupo u organización con cierta peso o capacidad de movilización y convocatoria, es prácticamente imposible que tu voz sea escuchada; por lo mismo es difícil considerar que la opinión de los universitarios será tomada en cuenta por encima de los lineamientos y presiones del gobierno federal y de órganos como el FMI, el BM o la OCDE, que apuntan a un modelo educativo con inclinación a conveniencias empresariales -sin hablar de las tendencias políticas e ideológicas de la administración Narrista.

Habría que agregar que el rechazo a la “violencia” con que los estudiantes se hicieron de Rectoría, refleja la exitosa penetración de cierto tipo de política que los medios no se cansan de enarbolar como “civilizada”, que veda la concepción de lucha, de confrontación; según esta lógica, hay que ceñirse a las reglas impuestas -no acordadas- aunque ellas sólo beneficien al poder mismo, y si no se logra el objetivo pues ya no hay nada que hacer, porque cualquier otra cosa sería “ilegal, “ilícita”, “extrainstitucional”. Pero si ello no funcionara también se promueve desde la oficialidad cierta apatía, para que la comunidad pueda “elegir” entre opciones cómodas al mantenimiento del estado de cosas. Cierto es que lo ideal sería que los problemas pudieran solucionarse sin recurrir a mediadas extremas, pero si se presentan es porque algo no está funcionando adecuadamente y las autoridades como los medios deberían, antes de criticar y denostar, abocarse a desentrañar la raíz del problema y no sólo el cómo se manifiesta. Por último, ese “rechazo” es muestra de la hipocresía que posee el grupo gobernante -y que intentan hacernos asimilar-, pues la lucha y enfrentamiento del pueblo contra sus gobernantes está muy bien y hasta es digna de erigírsele monumentos si está en los libros de historia, o si se encuentra en Grecia o Turquía, pero no aquí, no ahora.

En cuanto al hecho de que los ocupantes llevasen el rostro cubierto, no ha faltado quien diga que es porque no son estudiantes, porque tal vez sean delincuentes o sirvan a intereses políticos, ajenos a la universidad; se decía que lo mejor sería que se identificaran, que de lo contrario sería porque ocultan algo o son unos cobardes. Pero cubrir el rostro admite un componente utilitario y simbólico -aunque éste no lo plantearan de ese modo los estudiantes. Utilitario porque resguardaban así su identidad, lo que a su vez les permite preservar su integridad física y la de sus familiares, ¿de quién? Intrauniversitariamente no sólo de las autoridades, sino de los grupos porriles que espían, intimidan y golpean a miembros de la comunidad. Para los que estudiamos en la UNAM o en el IPN no es un secreto la presencia de porros, unas veces ignorados, otras tolerados o apoyados y, las menos de las veces, combatidos por las autoridades; algunos sabemos -de buena fuente, aunque no lo podamos probar- que dichos elementos coercitivos han estado en la nómina de Rectoría, del PRD o del Gobierno del Distrito Federal -antes regencia capitalina. Por lo tanto es perfectamente verosímil una amenaza interna y es entendible que se tomen medidas al respecto.

Extrauniversitariamente, habría que tener en cuenta, por ejemplo, que una posible represalia contra los involucrados o sus familiares es perfectamente creíble reflexionando el papel del Estado en detenciones arbitrarias, tortura o desapariciones forzadas. Como caso tenemos el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional, que ha documentado 152 casos de desaparición forzada y que en al menos 85 de ellos (55%)  “hay indicios concluyentes de la participación directa o indirecta de funcionarios públicos” (véase nota de D. Castillo, Animal Político, 04/06/2013. a través del enlace http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55-de-las-desapariciones-ai/#axzz2W9RDprwq). Uno de los ocupantes manifestó haber sido “levantado” ya dos veces por el Estado, que no se arriesgaría a una tercera, y que a causa de ellas tenía costillas fracturadas (véase el minuto 2:58 del video mediante el enlace http://www.youtube.com/watch?v=p8bF7lgYWxo&feature=youtu.be). Entonces que nadie diga que es una paranoia o que no vale utilizarlo como argumento.

Llevar el rostro cubierto es simbólico por varias razones, pues expresa una desidentitarización individual para crear la identidad de una comunidad -universitaria, cecehachera-, representa un nulo afán de protagonismo para privilegiar atención comunitaria, simboliza el anonimato en que el sistema mantiene a la mayoría de la comunidad política y figura el encubrimiento de las múltiples problemáticas que subyacen a la rotura de un cristal. No es normal que se les preste atención a esos “encapuchados” y, de repente, hay gran interés por conocer quiénes son y hasta se les exige decirlo, pero lo que no alcanzan a comprender es que ese rostro cubierto es su verdadera faz, es a través de él que salen a la luz y dejan de ser un fantasma social en la oscuridad oficialista.

La toma de la Torre de Rectoría implica mucho más que la ocupación de un inmueble propiedad de todos los mexicanos, más que un par de vidrios rotos y retraso en trabajo burocrático; significa la lectura del contexto y la consecuente toma de posición que realiza un sector de la juventud del país ante la cerrazón autoritaria. Como tal, su solución y prevención están más allá de amenazas, expulsiones, demandas y simulaciones de diálogo para las cámaras.

Cartón “Ser o no ser”, de Hernández (La Jornada, 29/04/2013).