por MAL
En el espíritu “reformista” que ha caracterizado a todas las administraciones federales posrrevolucionarias del país al inicio de sus respectivas gestiones, el lunes 10 de diciembre fue presentada la llamada “Reforma Educativa” a la Cámara de Diputados que, junto con la Laboral y la de la Administración Pública Federal, nos cuentan –más o menos veladamente– las intenciones del actual comprador del Ejecutivo.
Dos son los ejes fundamentales que la propuesta peñanietista maneja: por un lado, las directrices primordiales para la creación y funcionamiento de un “servicio profesional docente” (modificación de la fracción III del articulo 3); por otro, la dotación de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como las pautas generales operativas y de atribuciones (adición de una fracción IX del mismo numerado).
El Decreto de Reforma, carece no sólo de una justificación fundamentada, sino que ella misma está ausente: por ningún lado se encuentra alguna razón que explique la necesidad irrenunciable de modificar –una vez más– nuestra Carta Magna. La Constitución –en sentido amplio– es un conjunto de normas básicas que definen los fundamentos de la vida jurídica, económica y social entre los miembros de una comunidad política (gobernantes y gobernados), por lo que la pertinencia de la Propuesta del ocupante de Los Pinos no se demuestra. En todo caso, los cambios podrían quedar en la legislación secundaria.
Pero aquellos son más bien parcos en cuanto al problema de la educación en nuestro país: un servicio profesional docente y la autonomía del Instituto no pueden, por sí mismos, mejorar las precariedades del sistema educativo en que lo han sumido los Poderes de la Unión (por acción u omisión), los poderes fácticos (como las televisoras), la SEP y las cúpulas del SNTE. Una verdadera intención de impulsar el rezago educativo sería, por ejemplo, destinar un porcentaje fijo del PIB o del Presupuesto de la Federación a ese ramo, sin embargo Peña Nieto dejó clara su postura al respecto en su propuesta presupuestal para 2013: la inversión en Educación Pública se redujo 11.5 %(C. Fernández-Vega, La Jornada, 12/12/2012).
Algunos quisieron ver en la Propuesta un enfrentamiento contra el feudo sindical que es el SNTE, pero al leer la misma cualquiera puede darse cuenta que es sólo una cortina de humo, un enfrentamiento simulado. Lo que sí puede entenderse es un reacomodo en las cuotas de poder, donde la peor parte se la llevan los maestros, en los que se pretende hacer caer la responsabilidad mayor en el proceso de educación, a través de las evaluaciones a ellos por parte del INEE. Pero además se ha advertido que es “una 
acción con intereses políticos: un mayor control del magisterio independiente”, y una que busca presentar a la educación como la panacea, cuya carencia explica todos los males, “que aleja el riesgo de que se cuestionen a fondo el sistema socioeconómico vigente” (M. Pérez Rocha, La Jornada, 13/12/2012).
La educación pública no es prioridad para los que ejercen el poder, como no sea dejarla como está, en incluso peor; mejorarla sería acabar con una de las condiciones que le permiten mantenerse y reproducirse.
Cartón: “Incólume”, de Helguera (13/12/2012).